Pisos en alquiler a las familias en situación de exclusión

La Generalitat Valenciana asume oficialmente una petición de Cercle Obert, presentada ante las Cortes Valencianas con el apoyo de la Defensora del Pueblo del Estado, María Luisa Cava de Llano, ofreciendo pisos en alquiler a las familias en situación de exclusión y víctimas de los desahucios por el impago de las hipotecas.

Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat ha remitido en las últimas semanas diversas cartas a la entidad valenciana Cercle Obert de Benicalap, procediendo a asumir y cursar adecuadamente las peticiones e iniciativas, con objeto de hacer efectiva las propuestas de activar un parque de viviendas de alquiler social, destinadas a personas y familias en situación de exclusión.

Igualmente el actual Presidente de la Generalitat Valenciana ha asumido otras propuestas que la entidad cívica lleva años formulando, a fin de que los Servicios Sociales atiendan de manera integral a las familias, que sufren procesos de desahucios y carecen de todo tipo de ayudas, pues la problemática afecta a un gran número de ciudadanos y crece día a día.

La entidad Cercle Obert también suscribe y reitera su apoyo a la propuesta de la Defensora del Pueblo del Estado en funciones, María Luisa Cava de Llano, con objeto de que el derroche y los despilfarros institucionales se tipifiquen e incorporen al Código Penal y se procedan, con la debida urgencia y garantías jurídicas, a investigar y sancionar a todos los cargos públicos que no usen el dinero público con rigor y no velen por los intereses generales. De esta forma, según opina la veterana entidad cívica valenciana (impulsora de una de las denuncias que ha sido admitida por la Fiscalía Anticorrupción contra la mala gestión de la CAM), se evitarían los escandalosos contratos e intolerables derroches que se cometen en las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, como el pago de más de 15 millones de euros por un proyecto de torres en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, iniciativa que nunca se ha llevado a cabo.

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La entidad CERCLE OBERT DE BENICALAP , ante la grave problemática que afecta a millones de ciudadanos tiene a bien formular las siguientes iniciativas y compartirlas con los diversos grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y las Cortes Valencianas, apoyando también las propuestas que llevan tiempo formulando la Plataforma de Afectados por las Hipotecas .

Es urgente dar uso a las viviendas vacías existentes

El objetivo es dar un uso social (que se habiten) a los más de tres millones de viviendas vacías existentes (sin incluir los cuatro millones de segundas viviendas). Pasos para lograrlo:

1.  Identificar las zonas con “Necesidad Urgente de Vivienda” (NUV) en función de la demanda de viviendas en cada municipio y territorio

2.  Establecer un censo actualizado y supervisado de viviendas vacías para los municipios con necesidad urgente de vivienda. Para ello se debe definir y acotar previamente el concepto de “vivienda vacía”, en base a inspecciones, a los datos de empadronamiento y los consumos básicos del hogar (luz, agua), entre otros criterios posibles

3. En las zonas NUV, una vez identificada una vivienda vacía, se dará un plazo (3 meses por ejemplo) a los propietarios para que demuestren que están habitadas. Transcurrido el plazo, si el propietario no puede acreditar la ocupación de la vivienda tendrá dos opciones:

-  Inscribir la vivienda vacía en una bolsa de alquiler social , a través de la cual se gestionaría todo lo relacionado con el uso y alquiler de esa vivienda. El precio del alquiler se fijaría en función de los costes de conservación y mantenimiento del edificio y la vivienda, de forma que se mantenga en perfecto estado de habitabilidad para el momento que el propietario pueda reclamar un uso legítimo de la vivienda

-  Si opta por mantener la vivienda vacía allí donde hace falta, se la considerará un bien de lujo y será gravada, por tanto, con un contundente impuesto cuya cuantía desincentive el mantenerla desocupada

Política pública de vivienda

Allí donde el parque de vivienda existente no sea suficiente para cubrir las necesidades de alojamiento de la población, la iniciativa pública generará suelo barato para promover vivienda social en alquiler. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social fuera de los mecanismos de mercado

1. Abaratar el suelo para uso social. Declarar todo el suelo inicialmente protegido y no urbanizable. La generación de nuevo suelo urbano y urbanizable deberá responder al interés social general y ser gestionado con criterios democráticos mediante la participación activa de la ciudadanía. Desligar el valor del suelo del precio de mercado, que incorpora expectativas inmobiliarias. Cuando el suelo se expropie para generar vivienda social, se expropiará pagando un precio ligado a su aprovechamiento agropecuario o similar

2. Construcción de viviendas públicas de alquiler. El objetivo es constituir un amplio parque público de viviendas de alquiler reducido (al coste de mantenimiento y reposición) gestionado mediante bolsas públicas de alquiler. Estas viviendas se edificarían a través de una constructora pública, lo que garantiza unas condiciones laborales dignas y no precarias a los trabajadores que las construyan y además, abarata su construcción al eliminar el margen de beneficios con el que operan las empresas privadas del sector

Para lograrlo,  todo el gasto público en vivienda debe destinarse a promover la vivienda social de alquiler . Para ello debe reorientarse la política actual, centrada en subsidiar la compra de vivienda, eliminando progresivamente la deducción del IRPF por compra, incorporada al precio de la vivienda y por tanto, convertida en una transferencia de renta al vendedor

Las diferentes Administraciones Públicas deberán garantizar este parque público de alquiler en el plazo más breve posible, dada la gran cantidad de personas y familias afectadas por los desahucios. La gran cantidad de viviendas vacías permite la realización de convenios específicos con sus propietarios, a fin de darles un uso real.

Urbanismo al servicio de los ciudadanos, no al del mercado

Articular el territorio con criterios de sostenibilidad, al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades y no las de los propietarios del suelo, promotores y constructores. Para lograrlo es imprescindible la participación democrática real de la ciudadanía en el desarrollo urbanístico del territorio y someter a referéndum la aprobación de los planes urbanísticos. Un urbanismo al servicio de los ciudadanos debe pasar por consolidar y mejorar la ciudad ya existente, con una edificación en altura razonable (ni adosados ni rascacielos), con bloques de viviendas en manzanas abiertas a la ciudad y a la calle y no como prisiones encerradas sobre si mismos,  promoción de los espacios gratuitos de socialización ajenos a la lógica comercial (plazas, parques, centros sociales, espacios deportivos), apuesta por el transporte colectivo (intermodal) y la accesibilidad (peatonalización), mezcla de usos del suelo no excluyentes entre si, evitando la especialización extrema del espacio urbano, la creación de zonas marginales (“guettos”)…

La creación de un fondo de compensación para resarcir de manera cautelar a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios , en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable, la asunción final de la deuda

La  creación de una agencia de control del fraude inmobiliario que en base a una Ley Integral de la Vivienda , prevea unas garantías mínimas en la oferta inmobiliaria, bien sea en obra nueva o en vivienda usada. Esta agencia también debería disponer de un cuerpo de inspectores eficaz que acabe con los abusos y el fraude inmobiliario sobre la vivienda libre o en régimen de alquiler y, en el caso de viviendas protegidas, que realice un  control estricto sobre los sobreprecios impuestos por el promotor y el uso que se hace de las mismas por parte de los adjudicatarios, de manera que se evite a toda costa que esas viviendas protegidas vuelvan a engrosar la oferta a precios de mercado

La  prohibición expresa de la subasta como medio  de adjudicación de suelo público y de cualquier otro método que fomente el crecimiento artificial de los precios. También, el establecimiento de sanciones, transcurrido un periodo máximo, para aquellos suelos de titularidad privada catalogados como urbanizables que se mantengan sin edificar dentro de los núcleos urbanos

La creación de un fondo de compensación para resarcir de manera cautelar a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios, en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable; la asunción final de la deuda

El establecimiento por ley de un tiempo de retorno máximo de los préstamos hipotecarios de 15 años y la obligatoriedad de un seguro hipotecario que preste cobertura ante situaciones de paro o enfermedad grave

Por ello, es preciso denunciar ante los organismos judiciales y las entidades dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos al Estado Español y a todos los gobiernos autonómicos y ayuntamientos por no hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución española  que dice así:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (Art. 47 Constitución Española)”

CERCLE OBERT DE BENICALAP

Fdo: Antonio Marín Segovia

Secretario

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Floridablanca, s/n

28071 MADRID .-

con copia a:

CORTES VALENCIANAS

PLAZA SAN LORENZO, 4

46003   VALENCIA

MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

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